El debate fiscal

Luis Larraín

El ministro de Hacienda Felipe Larrain ha informado acerca de una serie de gastos comprometidos para el período 2014-2018 que no están contemplados en los presupuestos sectoriales, ni en la partida del tesoro público. Por supuesto la existencia de estos gastos complica aún más el ya difícil manejo presupuestario, pues serían desembolsos adicionales en torno a US$ 1.500 millones para 2018 y 2019 y del orden de US$ 1.200 millones cada uno de los años 2020 y 2021.

De materializarse estos gastos, tendríamos para cada año un crecimiento adicional de 2 puntos del gasto fiscal, que la administración anterior estaría dejando como pesada herencia al actual gobierno.

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, e incluso el anterior ministro Rodrigo Valdés, han entrado en una discusión semántica acerca del concepto de gastos comprometidos, señalando que no todos los incluidos por el ministro Larraín bajo ese concepto están realmente comprometidos, pues algunos serían “presiones de gasto” a las que el ministro puede ceder o no.

Lo verdaderamente importante, para dar un sentido de realidad a esta discusión, es cuánto de los US$ 5.566 millones adicionales en este período de cuatro años son susceptibles de ahorrarse y a qué costo. Y si uno examina la composición de ese gasto la verdad es que no es significativa esa cantidad y por lo tanto la situación expuesta por el ministro Larraín es efectiva.

De los US$ 5.566 millones informados, US$ 4.423 millones corresponden a gasto en salud, vale decir un 76% del total. La mayor parte de esto corresponde a sobregasto hospitalario, el cual ya fue incurrido, así que es imposible rebajarlo. Lo que hizo el Ministerio de Salud fue aumentar fuertemente la deuda con proveedores del sistema público, hasta un límite en el cual el monto de la cobranza pendiente es tal que los proveedores dejan de entregar insumos y prestaciones, con el riesgo de paralizar los servicios, mientras no se les pague una parte de la deuda y ésta se rebaje a valores históricos.

Nadie puede afirmar seriamente que estas son “presiones de gasto”, es gasto ya efectuado y hay que pagarlo bajo el riesgo de suspender la atención a los usuarios del sistema público de salud.

Es perfectamente justificado que el ministro de Hacienda manifieste su preocupación por estas situaciones de mayor compromiso fiscal. También lo es su propuesta de dar mayor formalidad al Consejo Asesor Fiscal, pues esa podría ser una instancia de validación y normalización de cifras muy necesaria, no sólo por estas diferencias de opinión sino por la creciente complejidad y pérdida de sus objetivos de la Regla de Balance Cíclicamente Ajustado, que por una serie de cambios metodológicos ha perdido eficacia como herramienta para mantener controlado el déficit estructural, medido en términos de la trayectoria de largo plazo de las principales variables que inciden en los ingresos fiscales.

Es urgente mejorar nuestra institucionalidad en esta materia, pues nuestro equilibrio fiscal, uno de los principales atributos de la economía chilena, se relajó inconvenientemente durante el último gobierno de Michelle Bachelet. Cada año de su administración aumentó los gastos fiscales más allá del crecimiento del producto, terminando con un incremento de la deuda pública, que como porcentaje del PIB llegó a más del doble. Este descontrol alcanzó ribetes alarmantes en los últimos meses. Para muestra dos botones; el gasto en un proyecto en trámite de beneficios a Asistentes en Educación creció de $ 9.000 millones a $ 90.000 millones sólo durante enero pasado. El mismo valor, $ 90.000 millones, que costaba el proyecto de reparaciones a víctimas de tortura que inició su trámite pocos días antes de traspasar el gobierno.

Los exministros Valdés y Eyzaguirre no son buenos consejeros para el ministro Larraín en esto de “resistir las presiones de gasto”, ya que son parte de un gobierno que deja un legado paupérrimo en esa materia. El ministro de Hacienda debe dar vuelta la página y continuar con un manejo responsable de las finanzas públicas.